Luego de que la Corte Suprema aprobara la solicitud y la Comisión de Extradiciones emitiera su informe, el Gobierno del Perú formalizo el anuncio. El decreto supremo lleva la firma de José Jerí y los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores.

Esta decisión se oficializó para que pueda ser procesado en el territorio peruano por la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto por el delito de cohecho (soborno), uno de los casos de corrupción más conocidos del país.

La decisión fue formalizada por el diario el peruano a través de la resolución suprema  N.º 256-2025-JUS, que lleva la firma del presidente José Jerí y de los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores, Walter Benítez y Hugo de Zela.